
Diputada Mercedes Bulnes sobre levantamiento del secreto Valech: “Mi criterio es que todo lo que ayude a esclarecer la verdad, es necesario que se utilice. Y levantar este secreto es fundamental”
En el marco de conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado, el gobierno de Gabriel Boric comunicó su intención de promover el levantamiento del secreto de la Comisión Valech. Ante la fragilidad de esta información y con el fin de no vulnerar el derecho a la privacidad de las víctimas, el proyecto busca ir en línea con que los más de 30.000 testimonios y procesos recogidos ante la Comisión Valech, puedan ser abiertos con consentimiento directo de la víctima o de sus herederos.
La idea principal es que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de los informes Valech 1 y 2, misma data que ya está en conocimiento del INDH, de esta manera, el “Plan Nacional de Búsqueda” podrá contar con una mayor cantidad de antecedentes.
El gobierno decidió retomar un antiguo proyecto de ley que data de 2016 y que fue presentado por el entonces Diputado Hugo Gutierrez (PC) y otros parlamentarios de izquierda de la época, incluyendo al en ese entonces, Diputado Gabriel Boric.
Esa moción permite a los tribunales obtener acceso a antecedentes de la Comisión Valech, que quedaron con carácter secreto por 50 años. Ahora, la idea del gobierno es insistir en ese punto, pero con la intención de que la información sea utilizada en las peticiones judiciales con el consentimiento de las víctimas o de sus sucesores si es que se trata de un fallecido.
Dentro del mundo político, existen diversas opiniones respecto a si se debe levantar este secreto o no; desde el oficialismo, la diputada Mercedes Bulnes, quien fue víctima de exilio durante la dictadura y que dio testimonio ante la Comisión de tortura hace unos años, comentó que si bien no se sabe cuándo llegará el proyecto del gobierno a discutirse en la cámara, según su impresión y por lo que ha podido conversar con organizaciones “las víctimas no se oponen a que se levante el secreto”. Además señaló que “mantener en secreto las declaraciones es bastante absurdo” ya que levantar la información no obliga a conocer las identidades de las víctimas debido a la ley de protección de datos personales.
“No hay futuro para nuestra democracia si no se esclarece la verdad y no se hace la mayor justicia, porque la justicia es una medida reparatoria que se necesita, que necesitamos no solamente las víctimas, sino que la necesita la sociedad (…) Mi criterio es que todo lo que ayude a esclarecer la verdad, es necesario que se utilice. Y levantar este secreto es fundamental” finalizó la diputada.
En la misma línea, la diputada por el distrito 20, Candelaria Acevedo, quien dio testimonio ante la comisión por delitos de tortura señaló que ni ella ni muchos de sus compañeros víctimas de la dictadura tienen problema para recordar y contar el pasado, y que según lo conversado tras lo anunciado por el gobierno, el levantamiento del secreto será totalmente bajo criterio personal.
Hace unos días, Lucas Sierra, quien fue miembro de la comisión que recogió los testimonios de víctimas de la dictadura, indicó al medio El Líbero, que “lo más prudente sería dejar la última palabra en las víctimas respecto del levantamiento de su propio secreto”.
El debate gira en torno principalmente a la ética que significa desclasificar los miles de testimonios sobre torturas, desapariciones, etc. por una parte, miembros del oficialismo apoyan esta moción que sigue la línea del “Plan Nacional de Búsqueda” en el marco de los 50 años del golpe, y por otro lado están los parlamentarios que rechazan el levantamiento puesto que vulneraría el derecho de las víctimas, sin embargo, hay que tomar en cuenta que las indicaciones presentadas por el gobierno, señalan que los testimonios serán desclasificados existiendo el consentimiento de la víctima o de las familias en caso de que la víctima no siga con vida.
Es de esperar que esta discusión se traslade prontamente hasta las salas del hemiciclo. Durante el trámite, el ejecutivo representado por el ministro SEGPRES, Álvaro Elizalde, deberá tejer redes en distintos espectros del mundo político para lograr hacer avanzar la agenda legislativa en el año conmemorativo de los 50 años del golpe militar.